En una escuela de Tebing Tinggi, Indonesia, la profesora de Informática Mia Yolanda Siregar lanzó una pregunta sencilla a sus alumnos de séptimo grado: “¿Quién no tiene ordenador en casa?”. El silencio se rompió cuando un muchacho tímido, al que ella llama Ramah, levantó la mano lentamente. Su familia, golpeada por la estrechez económica, nunca había podido ponerle un teclado delante; manejar un ratón le resultaba tan ajeno como un idioma extranjero. Poco después, la llegada de una pantalla interactiva donada por el presidente de Indonesia transformó aquella distancia. Los estudiantes, incluido Ramah, empezaron a tocar la superficie digital, a ordenar secuencias lógicas y a resolver retos de pensamiento computacional en grupo. Por primera vez, nadie se quedó mirando.

Esa imagen de inclusión silenciosa contrasta con un debate que recorre latitudes muy distintas. Desde Italia, la organización Meritocrazia Italia, presidida por Walter Mauriello, advierte que la discusión pública se ha deslizado peligrosamente hacia la punibilidad: bajar la edad de imputabilidad, llenar los centros de menores, presumir la responsabilidad penal. “Nadie se detiene a hacer la pregunta que importa: ¿qué construimos antes?”, plantean en un comunicado. Recuerdan que durante años se dejó a niños de cinco o seis años solos frente a una jungla de algoritmos, contenidos violentos y acoso sin filtros, sin que el Estado regulara las plataformas ni instaurara una verdadera educación digital en las escuelas. Su propuesta, un texto único para reformar el acceso a las redes sociales presentado hace cuatro años, sigue esperando mientras, denuncian, se prefiere la legislación de urgencia a la de visión.

El eco de esa tensión llega hasta Colombia, donde el debate sobre prohibir las redes sociales a menores de 16 años cobró fuerza tras la medida adoptada por Australia y la inminente entrada en vigor de la restricción francesa. Un editorial reciente recuerda que el psicólogo social Jonathan Haidt, en su libro La generación ansiosa, ha documentado cómo los dispositivos y las plataformas diseñadas para generar adicción están correlacionados con tasas más altas de depresión y ansiedad juvenil. Las cifras de la Encuesta Nacional de Salud Mental de 2025 confirman que el país comparte el problema. Sin embargo, el mismo análisis advierte que una prohibición estricta al estilo australiano puede convertirse en “populismo punitivo”: una encuesta de la Fundación Molly Rose reveló que el 61 % de los adolescentes australianos de entre 12 y 15 años sigue accediendo a las redes, y los propios jóvenes relatan que burlar el veto se ha vuelto un chiste. Colombia acaba de aprobar un decreto que obliga a diseñar una política pública de entornos digitales sanos, pero la discusión de fondo sigue abierta.

En Suecia, la orientadora escolar Nilofar Sherinbek desplaza el foco hacia los adultos. Escribe que los niños crecen en una realidad donde los videojuegos, las redes y los estímulos digitales moldean su lenguaje, su manera de gestionar conflictos y la imagen que tienen de sí mismos. “No es falta de amor decir no, limitar el tiempo de pantalla o querer saber qué ven y a qué juegan. Es cuidado”, afirma. Su llamamiento, publicado ante el inicio del curso, insiste en que hogar y escuela deben transmitir un mismo mensaje sobre respeto, empatía y responsabilidad, y que una diagnosis no puede convertirse en un atajo para dejar de guiar. “Los niños necesitan adultos que colaboren, no que se echen la culpa unos a otros”, resume.

Las cuatro voces, surgidas de contextos muy dispares, dibujan un mismo umbral. Mientras los estados ensayan prohibiciones y los discursos punitivos ganan terreno, en un aula de Sumatra una pantalla interactiva consiguió lo que ninguna ley por sí sola garantiza: que un muchacho que nunca había tocado un ordenador dejara de ser espectador. Quizá la pregunta no sea solo qué vetamos, sino qué ponemos al alcance de la mano.