El lunes, cientos de jóvenes con el rostro cubierto por la incertidumbre bloquearon las principales arterias del sur de la Ciudad de México. No era una manifestación estudiantil más: los aspirantes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) protestaban contra la decisión de repetir un examen de admisión que, por primera vez en 115 años de historia moderna, se había realizado completamente en línea y cuyos resultados habían sido puestos bajo sospecha de fraude masivo.

La escena condensaba una crisis sin precedentes. Casi 160,000 estudiantes presentaron la prueba desde casa, vigilados por una cámara con inteligencia artificial que debía detectar suplantaciones de identidad y ayudas externas. Sin embargo, los números revelaron una anomalía estadística imposible de ignorar: el porcentaje de aspirantes con 100 aciertos o más (de un total de 120) saltó del 3.5% histórico al 16%, y quienes obtuvieron 110 o más se multiplicaron por seis. En carreras como medicina, casi el 30% alcanzó esa cota, frente al 9% del año anterior. La comisión técnica designada por la universidad concluyó que la única explicación factible era la intervención de trampas, que pudieron incluir el uso de inteligencia artificial, la filtración de preguntas e incluso la venta de respuestas mientras el examen seguía abierto.

El rector Leonardo Lomelí anunció entonces una medida drástica: unos 58,000 aspirantes —tanto los que habían recibido aviso de selección como aquellos que igualaron o superaron los puntajes mínimos de ingreso de los últimos cinco años— deberán presentar un examen de control presencial entre el 12 y el 19 de agosto en cuatro sedes: León, Oaxaca, Tijuana y la Ciudad de México. “No hay espacio para la evasión ni la complacencia. Hay responsabilidad y actuamos en consecuencia”, declaró Lomelí, mientras posponía el inicio del ciclo escolar para los nuevos alumnos del 10 al 31 de agosto.

La decisión, aplaudida por sectores que defienden el ingreso por mérito, ha sumido a miles de jóvenes en una angustia que se palpa en los chats de apoyo mutuo. “De los nervios siento que olvidé todo”, confesó Jazmín, una aspirante que ya se veía en las aulas. Han proliferado cursos exprés de repaso, con costos de entre 500 y 1,500 pesos, y algunos estudiantes han promovido amparos ante juzgados federales, aunque hasta ahora ningún tribunal ha concedido una suspensión. Mientras, la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció a los rechazados un lugar gratuito en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en un intento por contener el malestar social.

En medio de la tormenta, la voz de David González, estudiante de Ciencias Políticas que impulsó la primera protesta el 27 de julio, devolvió un eco de mesura: “El sacrificio que harán será muy considerable, pero si vuelven a aprobar el examen tendrán todo nuestro respeto”. Sus palabras dibujan el anhelo de que la prueba presencial, con su ritual de lápiz y papel, restituya la credibilidad de una institución que, incluso en la era de la inteligencia artificial, sigue siendo para millones el principal símbolo de la educación pública y la movilidad social en México.