En La Plata, el Centro de Ayuda al Taxista y Afines (CATA) presentó una denuncia administrativa ante el Concejo Deliberante local para que se determine el estatus legal de plataformas como Uber y DiDi. La entidad, encabezada por Raúl Caballero, sostiene que estos servicios operan “en la ilegalidad absoluta y clandestina” al carecer de ordenanza que los ampare, y exige inspecciones, “operativos de saturación”, multas severas e incautación de unidades.

La denuncia subraya una “competencia desleal”: según CATA, los vehículos de las apps no pagan cargas impositivas, no tienen carnet profesional ni tasas municipales, mientras los taxis sí deben cumplirlas. El contexto es crítico: de los 2.131 discos de taxi habilitados en la ciudad, solo unos 1.500 están activos, por el aumento de costos y la caída de viajes. Conductores de aplicaciones también protestaron en las calles, exigiendo legalidad y el fin de secuestros y multas.

En Marruecos, el conflicto estalla en las calles de Casablanca, donde taxistas bloquean vehículos de apps. El dirigente sindical Sadiq Boujara, del sindicato de transporte por carretera, afirmó que el sector vive una transición hacia la digitalización, con la adopción de licencias profesionales biométricas, y que las protestas no representan a todos los conductores. Su colega Samir Farabi, secretario general del sindicato democrático de transporte, pidió “coexistencia y competencia positiva” bajo un marco regulador claro, priorizando la integración de los conductores profesionales existentes antes de otorgar nuevas licencias.

En La Plata, los taxistas también solicitaron declarar “persona no grata” al concejal Juan Pablo Allan y su apartamiento de la Comisión de Transporte, por declaraciones contrarias a los procedimientos de secuestro de vehículos de apps. La respuesta del Concejo será el próximo paso para definir el marco legal del servicio en la capital bonaerense, mientras en Marruecos los sindicatos esperan que el legislativo acelere la regulación de las aplicaciones.