El tribunal administrativo de Niza suspendió este viernes la ordenanza del alcalde de Mandelieu-la-Napoule, en la Costa Azul, que prohibía el uso del burkini en las playas de la comuna hasta el 31 de agosto. El juez de medidas cautelares consideró que la medida no era «adaptada, necesaria ni proporcionada» y que vulneraba de forma «grave y manifiestamente ilegal» tres libertades fundamentales: la de circulación, la de conciencia y la personal. El fallo se produjo en respuesta a un recurso de urgencia presentado por la Liga de los Derechos Humanos.

La ordenanza, vigente desde el 1 de julio, fue recurrida por la Liga de los Derechos Humanos, que solicitó su suspensión urgente. El alcalde, Sébastien Leroy, de perfil conservador, justificó la restricción para «prevenir los disturbios al orden público» y garantizar la higiene y seguridad en un contexto de «tensión interreligiosa e intercomunitaria» a nivel nacional. El edil había invocado también la ocurrencia reciente de disturbios y violencias urbanas en numerosas ciudades francesas durante el período estival. Sin embargo, el tribunal señaló que la comuna no aportó «ningún elemento» sobre un riesgo real para la seguridad o la higiene, y que los incidentes citados eran «antiguos» y «no establecidos», remontándose a 2012 y 2016.

En su reacción, Leroy afirmó «tomar nota del fallo», pero denunció la «desconexión entre el derecho positivo y la realidad del terreno» que enfrentan los ediles. El tribunal también ordenó a la ciudad pagar 1.500 euros a la asociación demandante. Este fallo se inscribe en un prolongado contencioso: Mandelieu-la-Napoule fue el primer municipio costero de Francia en prohibir explícitamente el burkini en 2012, y su alcalde ha renovado la medida cada verano a pesar de que el Consejo de Estado, la máxima instancia administrativa, ya anuló prohibiciones similares hace años.

La decisión refleja el persistente debate en Francia sobre el uso de símbolos religiosos en el espacio público, que se reactiva cada temporada estival con la emisión de decretos municipales. Francia se define como un país laico con una estricta separación entre el Estado y la religión, y la gestión de los símbolos religiosos en público genera controversias recurrentes, especialmente en relación con el islam. Aunque el Consejo de Estado sentó jurisprudencia en contra de estas restricciones, algunos municipios costeros continúan dictando prohibiciones temporales. El fallo de Niza supone un nuevo revés para estas iniciativas, mientras la discusión sobre la laicidad y la tolerancia sigue dividiendo a la sociedad francesa. No se ha informado de un recurso inmediato por parte del municipio, aunque el alcalde ha manifestado su desacuerdo con la decisión judicial.