El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves dos decretos que buscan limitar nuevamente la ciudadanía por derecho de nacimiento, apenas un mes después de que el Tribunal Supremo declarara inconstitucional su intento previo de suprimirla para hijos de inmigrantes en situación irregular. La primera orden amplía la definición de personas que la Administración considera inelegibles para la ciudadanía automática, incluyendo a “enemigos extranjeros de Estados Unidos, miembros de organizaciones terroristas extranjeras y grandes categorías de personas que ejercen presión y actúan en nombre de gobiernos extranjeros”, según detalló el asesor presidencial Stephen Miller. La segunda prohíbe la práctica del “turismo de nacimiento”, mediante la cual mujeres extranjeras viajan al país con el propósito de dar a luz y obtener la nacionalidad para sus hijos.

Desde la Casa Blanca se argumenta que las nuevas directivas se ajustan a las excepciones históricamente reconocidas por el propio Tribunal Supremo en su fallo del 30 de junio, que por seis votos contra tres confirmó la protección constitucional de la 14ª Enmienda para los nacidos en suelo estadounidense. Trump calificó aquella decisión de “muy desafortunada” y sostuvo que los decretos actuales representan “ajustes” necesarios ante lo que considera un sistema “muy injusto”. Miller, principal arquitecto de la política migratoria restrictiva, definió el turismo de nacimiento como “un fraude contra el gobierno estadounidense” y aseguró que se denegarán visados tanto a las gestantes como a quienes organicen estas redes.

Los decretos se aplican a cuatro categorías concretas: hijos de personal diplomático extranjero que trabaje para otro gobierno, hijos de personas clasificadas como enemigos extranjeros o miembros de grupos terroristas, nacidos en territorios estadounidenses si el Congreso modifica la ley para eliminar la ciudadanía automática en esos lugares, y bebés de madres que ingresen de forma engañosa con el único propósito de dar a luz. La medida también contempla la posibilidad de revocar la ciudadanía obtenida mediante fraude. No obstante, el alcance real de estas disposiciones es incierto: el Centro de Estudios sobre Inmigración, favorable a una menor inmigración, estimó en 2020 que entre 20.000 y 25.000 madres ingresaron al país por turismo de parto en un período de un año, una cifra marginal frente a los 3,6 millones de nacimientos registrados en 2025.

Organizaciones de derechos civiles y abogados de inmigración advierten que las nuevas órdenes ejecutivas probablemente serán impugnadas ante los tribunales por violar la 14ª Enmienda, que garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción, con excepciones muy limitadas. La exfuncionaria de la Administración Biden, Deborah Fleischaker, señaló que “el Tribunal Supremo dejó claro que la ciudadanía por nacimiento no está sujeta a los caprichos de un presidente” y calificó los decretos como “un intento de eludir ese fallo”. La Casa Blanca confía en que las medidas superen el escrutinio judicial, pero el historial de bloqueos en instancias inferiores y la estrecha votación en el Supremo anticipan un nuevo ciclo de litigios que mantendrá el estatus constitucional del derecho de suelo en el centro del debate migratorio.