El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, ha señalado su respaldo a la adopción de una constitución escrita para el país, vinculando esa reforma a su plan de transferir competencias a las autoridades regionales. Según reportes de la prensa británica, Burnham afirmó que sus propuestas de descentralización “empiezan a apuntar hacia un nuevo acuerdo constitucional” y defendió la necesidad de un “conjunto nuevo y claro de principios sobre cómo se debe gobernar este país”. El mandatario, que ya abogó por un texto codificado en su libro de 2024, considera que la ausencia de una carta magna “desempodera a los territorios” y obliga a la ciudadanía a reclamar derechos que en otras zonas están garantizados.

Desde Londres se recuerda que el Reino Unido carece de una constitución escrita única, rigiéndose por un entramado de leyes, jurisprudencia y tratados. La idea de codificarla es relativamente reciente: el ex primer ministro laborista Gordon Brown (2007-2010), en cuyo gabinete sirvió Burnham, fue uno de sus primeros impulsores. Una comisión parlamentaria analizó distintas opciones durante cinco años y concluyó en 2015 que no existía un consenso claro al respecto, lo que subraya la complejidad política de cualquier intento de reforma.

El anuncio se produce mientras el Gobierno de Burnham avanza en medidas concretas de descentralización. El viernes previo a sus declaraciones, el primer ministro dio a conocer un plan para que los alcaldes regionales de Inglaterra puedan retener una parte de los impuestos recaudados en sus territorios. Esta iniciativa se enmarca en un esfuerzo por reducir el centralismo que, según expertos citados por medios británicos, convierte a Inglaterra en una de las naciones más centralizadas de Europa, pese a las reformas de finales de los años noventa que crearon parlamentos autónomos en Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

Cualquier intento serio de codificar la constitución requeriría, según los mismos reportes, un proceso de años que probablemente incluiría una gran consulta pública y amplias negociaciones. El dossier queda abierto sin un calendario definido, mientras el Ejecutivo concentra su capital político inicial en aliviar el costo de vida y redefinir el reparto territorial del poder.