El presidente chileno, José Antonio Kast, anunció el miércoles un paquete de más de 30 proyectos de ley para combatir el crimen organizado, una de sus principales promesas de campaña. En un mensaje televisado, el mandatario de extrema derecha afirmó que las iniciativas —algunas ya en el Congreso y otras que se presentarán en los próximos días— “van a cambiar la forma en que enfrentamos al crimen organizado en Chile”. La agenda incluye una reforma constitucional para formalizar el deber del Estado de proteger la seguridad de sus ciudadanos, lo que, según Kast, “permitirá disponer de un marco de acción mucho más amplio y herramientas más eficaces”.

Desde la óptica del Ejecutivo, la reforma busca que la pertenencia a una organización criminal sea en sí misma un delito con penas agravadas, y se endurecerán las sanciones para quienes recluten a menores de edad. El plan, denominado Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), también amplía el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas y establece un régimen especial para los jefes de las bandas. En paralelo, Kast anunció un despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos del país y medidas para blindar legalmente a carabineros, policías y militares que actúen en legítima defensa, de modo que no sean tratados “como si fueran el delincuente”.

El anuncio se produce en un contexto de creciente presión sobre el gobierno por la falta de resultados inmediatos en materia de seguridad. El propio Kast solicitó la renuncia de su primera ministra de Seguridad, la exfiscal Trinidad Steinert, tras solo 69 días en el cargo. No obstante, el presidente citó cifras que, a su juicio, muestran avances: al 26 de julio los homicidios habían bajado un 18,7 % (112 víctimas menos que un año antes), los secuestros confirmados cayeron un 45 % y los ingresos irregulares por las fronteras se redujeron un 86,5 %. La incautación de droga, añadió, aumentó un 60 %.

Chile sigue siendo uno de los países más seguros de América Latina, pero la tasa de homicidios alcanzó 5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025, el doble que hace una década. Analistas en la región atribuyen el deterioro a la llegada de grupos criminales extranjeros, como la banda venezolana Tren de Aragua. Kast, un abogado de 60 años que asumió en marzo con la promesa de un gobierno “de emergencia” contra la delincuencia y la migración irregular, también anunció que se ampliará la retención de migrantes en situación irregular —actualmente de cinco días— y se aumentará la capacidad de expulsión efectiva. El mandatario espera que el paquete legislativo sea aprobado antes de Navidad.