Al menos 57 cuerpos fueron recuperados en el lado español de la frontera de Ceuta tras la entrada masiva de migrantes desde Marruecos, según la Delegación del Gobierno en Ceuta. El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, elevó la cifra a 67 fallecidos. El Ministerio del Interior calculó que unos 50.000 migrantes cruzaron entre el jueves y el viernes, de los cuales 48.300 ya habían regresado a Marruecos al anochecer del viernes, muchos de forma voluntaria. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, estimó que la cifra de ingresos alcanzó los 60.000, equivalentes al 70% de los 84.000 habitantes del enclave.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que viajó a Ceuta el viernes, calificó lo ocurrido como "una violación de la integridad territorial de España" y atribuyó la crisis a las mafias de tráfico de personas, que, según dijo, difundieron una interpretación interesada de un fallo del Tribunal Supremo español del 8 de julio. Ese fallo estableció que los migrantes interceptados por mar no pueden ser devueltos de forma inmediata, a diferencia de quienes cruzan las vallas terrestres. Desde la óptica de las autoridades españolas, esa sentencia fue utilizada por las redes de tráfico para alentar los cruces. El Gobierno anunció la instalación de un sistema de boyas en el espigón de El Tarajal para impedir nuevas llegadas por mar y aceleró los expedientes de repatriación con la cooperación de Marruecos.

La crisis generó reacciones divergentes en Europa y Estados Unidos. Italia anunció la suspensión temporal del acuerdo de libre circulación Schengen con España, una medida que afecta los viajes aéreos y marítimos entre ambos países. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó que la inmigración ilegal descontrolada representa "una amenaza concreta para la seguridad de las fronteras europeas". La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, sugirió que la Unión Europea debería considerar suspender a España del espacio Schengen. Francia reforzó los controles en su frontera con España, y el presidente Emmanuel Macron ofreció cooperación a través de la agencia europea Frontex. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó la situación como "una invasión" y la vinculó con las políticas migratorias del Gobierno de Sánchez, en particular la regularización de cientos de miles de inmigrantes indocumentados aprobada este año. El Departamento de Estado de EE.UU. responsabilizó directamente al Gobierno español de "facilitar la migración ilegal masiva" y dijo estar considerando "acciones para defender a los estadounidenses".

Ceuta, junto con Melilla, es una ciudad autónoma española en el norte de África que constituye la única frontera terrestre de la Unión Europea con el continente africano. Marruecos reclama la soberanía sobre ambos enclaves desde su independencia en 1956, pero España rechaza cualquier negociación. La sentencia del Tribunal Supremo de julio, la precaria situación económica en Marruecos —con un desempleo juvenil que afecta a una cuarta parte de los marroquíes de 15 a 24 años— y la difusión de información falsa en redes sociales sobre una supuesta apertura de la frontera fueron identificados por analistas y autoridades como los factores desencadenantes. La Comisión Europea, a través de su presidenta Ursula von der Leyen, calificó las imágenes de "inaceptables" y pidió detener los cruces peligrosos y desmantelar las redes de contrabando. Los embajadores de los países de la UE fueron convocados a una reunión extraordinaria el lunes para evaluar la crisis y coordinar medidas.