La administración Trump emitió una regla administrativa final que modifica el régimen de visados estudiantiles para los estudiantes extranjeros que cursan estudios en Estados Unidos. A partir de la entrada en vigor de esta disposición, quienes posean una visa F-1 o J-1 y deseen continuar estudios de posgrado tras completar su licenciatura deberán salir del país y solicitar una nueva visa desde su nación de origen. Anteriormente, bajo el sistema de «duración de estatus», los estudiantes permanecían legalmente en territorio estadounidense mientras mantuvieran su matrícula a tiempo completo, sin una fecha de vencimiento fija y sin necesidad de renovar el visado.

Según defensores de la medida citados por medios estadounidenses, la nueva normativa busca aumentar la responsabilidad del sistema de visas y frenar posibles abusos, como la prolongación artificial de los estudios con cargas académicas mínimas, el trabajo no autorizado o las solicitudes de asilo infundadas. Dos fuentes de la administración recalcaron que Estados Unidos sigue recibiendo con agrado a estudiantes genuinos y talentosos, pero que las universidades no deben convertirse en un vehículo para la migración económica masiva. En contraste, sectores de la educación superior y de la defensa de los inmigrantes advirtieron que estas restricciones limitan las oportunidades académicas y dificultan la captación de talento internacional cualificado.

La regla también incide sobre el programa de Entrenamiento Práctico Opcional, que permitía a los graduados trabajar entre uno y tres años amparados por su visa de estudiante, eximiendo a los empleadores de cotizar al Seguro Social y al Medicare. Con el nuevo requisito, los estudiantes deberán demostrar repetidamente ante los funcionarios consulares su solvencia económica y su intención de regresar a su país. Los promotores de la medida hicieron referencia a estadísticas oficiales según las cuales la tasa de desempleo entre los recién graduados universitarios ronda el 5,7 %, por encima del promedio nacional, para argumentar que la prioridad debe ser la inserción laboral de los jóvenes estadounidenses.

La disposición, promulgada sin necesidad de aprobación legislativa como parte de la política «América Primero», podría ser mantenida o revocada por futuros gobiernos, de acuerdo con expertos consultados. Aunque la Casa Blanca defendió su legalidad y su aplicación inmediata, la medida queda expuesta tanto a los cambios de administración como a eventuales litigios impulsados por la comunidad educativa.