El Tribunal Supremo del Reino Unido ha concedido permiso para que Huda Ammori, cofundadora del grupo Palestine Action, recurra la decisión del gobierno de clasificar a la organización como terrorista. La prohibición, impuesta en julio de 2025 bajo la Ley Antiterrorista británica, convierte en delito penal la pertenencia o el apoyo al grupo, con penas de hasta 14 años de prisión. El tribunal anunció que la vista se celebrará entre octubre y diciembre de este año.

Ammori sostiene que la prohibición es desproporcionada y vulnera derechos humanos como la libertad de expresión y de reunión, amparados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El gobierno británico defiende la medida por razones de seguridad nacional. El mes pasado, el Tribunal de Apelación falló a favor del ejecutivo y describió a Palestine Action como "una organización secreta que opera con células ocultas". En febrero, el Tribunal Superior había anulado la prohibición al considerarla una interferencia ilegítima con la libertad de expresión, pero el gobierno apeló.

La prohibición ha resultado en más de 3.500 arrestos, según la policía y activistas, incluyendo a personas de edad avanzada y supervivientes del Holocausto. El jueves, cientos de personas se manifestaron frente al Tribunal de Magistrados de Westminster, donde se esperaban vistas para más de 2.000 casos, que fueron aplazadas hasta octubre. La Policía Metropolitana de Londres arrestó a 117 personas durante una protesta organizada por el grupo Defend Our Juries; la mayoría de las detenciones fueron por "expresar apoyo a una organización proscrita", según la policía.

Palestine Action fue fundada en 2020 con el objetivo declarado de poner fin a la "participación global en el régimen genocida y de apartheid de Israel", según su sitio web, bloqueado para usuarios en el Reino Unido. El grupo ganó visibilidad tras el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023 y se ha centrado en fábricas de armas británicas, especialmente las de la empresa israelí Elbit Systems. La prohibición se impuso poco después de que activistas irrumpieran en la base de la Real Fuerza Aérea en Brize Norton en junio de 2025.

Todos los casos de personas acusadas de violar la prohibición han quedado en suspenso hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie. La vista está prevista para finales de año, y su resultado podría influir en la situación de miles de detenidos.