El magistrado André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF), autorizó este jueves la apertura de un inquérito de la Policía Federal (PF) contra Fábio Luís Lula da Silva, hijo mayor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción. La investigación, solicitada por la propia PF el 24 de julio, busca esclarecer si “Lulinha” intercedió ante el Ministerio de Salud y el gabinete presidencial para favorecer al lobista Antônio Carlos Camilo Antunes —conocido como “Careca do INSS”— en la autorización para la comercialización de cannabis medicinal. La decisión se conoce a tres días de que el mandatario sea proclamado candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores.

La defensa del hijo del presidente calificó la medida de “pesca probatoria” y sugirió un interés político-electoral. El abogado Marco Aurélio de Carvalho afirmó que la PF no halló irregularidades en la investigación previa sobre los desvíos en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y que ahora “busca en otro campo”. En la misma línea, el letrado de la empresaria Roberta Luchsinger —amiga de Lulinha y señalada como intermediaria— consideró que reabrir una pesquisa ya finalizada “a las vísperas de un proceso electoral” solo se explica por un intento de explotación política. La defensa de Antunes declaró no tener conocimiento del nuevo pedido.

Desde el oficialismo, el presidente Lula garantizó que su hijo no tendrá “ningún privilegio” y que, si es hallado culpable, “tendrá que pagar como todo el mundo”. En una entrevista con el podcast Inteligência Ltda., el mandatario sostuvo que Lulinha “jura todos los días” ser inocente y que, de ser juzgado, regresará de España para enfrentar el proceso. La campaña petista, según fuentes del partido, adoptará ese mismo discurso de respeto a la autonomía de la PF, aunque internamente evalúa que el caso puede generar desgaste en el calendario electoral.

La oposición reaccionó con dureza. El candidato presidencial Ronaldo Caiado (PSD) declaró que se trata de “una monarquía disfrazada de república, donde el rey protege al príncipe”, y trazó un paralelo con las investigaciones que involucran a Flávio Bolsonaro. El propio Flávio, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y rival de Lula en los comicios de octubre, cuestionó un supuesto trato desigual: “¿Se imaginan si fuera el hijo del presidente Bolsonaro el sospechoso? No tengo duda de que estarían todos presos”. La apertura del nuevo expediente se produce en un contexto de fricción entre la PF y el ministro Mendonça, a quien la corporación acusa de interferir en la Operación Sin Descuento, el caso matriz sobre el fraude en el INSS. El magistrado, por su parte, había exigido que todos los actos de la investigación le fueran remitidos de inmediato y que cualquier cambio en el equipo policial le fuera comunicado previamente. La PF recurrió a la Abogacía General de la Unión para buscar un instrumento jurídico que cuestione esas determinaciones. El nuevo inquérito se halla en su fase inicial de recolección de pruebas y no se han presentado aún denuncias formales.