La Cámara Baja del Parlamento de India aprobó el 29 de julio de 2026 el proyecto de ley de enmienda a la Ley de Exámenes Públicos (Prevención de Medios Desleales), que introduce penas de prisión de 5 a 10 años y multas de hasta cinco millones de rupias para individuos, según informó el ministro Jitendra Singh en la Cámara Alta. Para delitos organizados relacionados con filtraciones, las multas ascienden a hasta cien millones de rupias. La ley, presentada tras las protestas estudiantiles por la filtración del examen médico NEET y la renuncia del ministro de Educación Dharmendra Pradhan, también establece tribunales especiales en cada estado para juzgar estos casos en un plazo máximo de tres meses desde la presentación de la acusación.

Desde la óptica del gobierno del primer ministro Narendra Modi, la iniciativa busca restaurar la credibilidad del sistema de exámenes y proteger los intereses de los estudiantes. El ministro Singh señaló que el proyecto de ley original de 2024 ya apuntaba a mayor transparencia, y que la nueva versión refuerza las sanciones. La oposición, liderada por el Congreso Nacional Indio, criticó la gestión gubernamental durante las protestas y exigió que se investigue la actuación policial antes de debatir la ley. A pesar de las interrupciones, la Cámara Baja aprobó el texto tras diez horas de discusión.

Expertos citados por el análisis de PRS Legislative Research advierten sobre posibles obstáculos en la implementación. La ley exige que las investigaciones concluyan en dos meses, pero no especifica sanciones si no se cumple el plazo, a diferencia de otras leyes indias. Además, los tribunales especiales rápidos ya enfrentan un retraso de más de 240.000 casos pendientes entre 2023 y 2025, según datos presentados en la Cámara Alta. En causas similares, como las de delitos sexuales contra menores, el tiempo promedio de juicio varía entre 257 días en Andhra Pradesh y 1.717 en Delhi.

El proyecto de ley fue presentado en la Cámara Alta el 30 de julio, un día después de su aprobación en la Cámara Baja. En paralelo, un comité de expertos encabezado por Nandan Nilekani, de la firma Infosys, trabaja en la digitalización de los exámenes para prevenir futuras filtraciones, aunque el Tribunal Supremo advirtió que la tecnología por sí sola no elimina los riesgos. La votación final en la Cámara Alta se espera en los próximos días.