La Agencia de Servicios de Inmigración de Japón presentó el martes un borrador que modifica los criterios para la residencia permanente. Por primera vez, se exigirá que los solicitantes mantengan ingresos superiores al promedio de los hogares japoneses. El cambio responde a un estudio que halló que la proporción de residentes permanentes extranjeros que reciben asistencia social es similar a la de los ciudadanos japoneses, según el organismo.

El borrador, que estará en consulta pública hasta octubre, también introduce factores como un nivel determinado de dominio del idioma japonés, comprensión de las normas locales y la escolarización efectiva de los hijos en edad obligatoria. El objetivo, desde la óptica de Tokio, es garantizar una integración fluida en las comunidades. La ley de control migratorio ya exige buena conducta y medios de vida independientes, pero la nueva redacción endurece ese segundo requisito al añadir una referencia explícita al monto de las pensiones futuras.

La agencia planea aplicar la versión completa de los lineamientos a partir de abril de 2027, aunque el requisito de ingresos podría aplicarse a las solicitudes presentadas desde abril de 2026. Asimismo, se publicó un borrador sobre la revocación de la residencia permanente, que incluirá como causal el impago intencionado de impuestos y cotizaciones sociales, incluso tras recibir avisos de cobro, así como no portar la tarjeta de residencia. La medida entraría en vigor en abril de 2027.

El cambio afecta a unos 940.000 residentes permanentes sobre un total de 4,12 millones de extranjeros en Japón a finales de 2025. El próximo hito será la finalización del período de comentarios públicos en octubre, seguido de la revisión oficial de los lineamientos y su implementación escalonada a partir del próximo año fiscal.