Al finalizar el mandato de Gustavo Petro, la cobertura de afiliación al sistema de salud colombiano se situó en el 98,23%, lo que representa una caída de 1,38 puntos porcentuales respecto al máximo histórico del 99,61% registrado en junio de 2022, según el observatorio Así Vamos en Salud. En términos absolutos, más de un millón de usuarios dejaron de estar afiliados y quedaron fuera de la cobertura. La infraestructura hospitalaria también se deterioró: el indicador de camas por cada 1.000 habitantes descendió de 1,93 a 1,9, muy por debajo del promedio de 4,2 de la OCDE. Aunque las camas generales para adultos crecieron un 16%, la red de atención obstétrica se redujo un 18% respecto a 2021, y la oferta sigue concentrada en Antioquia y Bogotá, que agrupan el 30% del total nacional.

En Argentina, la presión sobre el sistema es de naturaleza financiera. El índice del Programa Médico Obligatorio (PMO) —que mide el costo teórico de la cobertura— alcanzó los 67.881 puntos, mientras la canasta de ingresos de los prestadores se ubicó en apenas 24.920. Esta brecha implica que el gasto obligatorio creció casi tres veces más que la capacidad de pago de clínicas, sanatorios y profesionales. La consecuencia es una precarización silenciosa: aranceles rezagados, postergación de inversiones tecnológicas y deterioro salarial del personal sanitario, cuyos honorarios pierden poder adquisitivo frente a la inflación general.

La saturación alcanza también a la salud mental pública. En la provincia de Mendoza, el Hospital Perrupato dejó de aceptar pacientes nuevos hasta el año próximo por falta de psiquiatras —solo dos profesionales, uno de ellos próximo a licencia—. El director provincial de Salud Mental, Manuel Vilapriño, admitió que varios dispositivos trabajan al límite y que revertir la situación “no se resuelve en un año ni en una gestión”. Las derivaciones entre efectores y las listas de espera se han vuelto habituales, mientras la demanda sigue en aumento.

En Colombia, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció un plan para inyectar 10 billones de pesos al sistema, aunque los detalles de la propuesta aún no se conocen. En el ámbito sanitario argentino se advierte que la desregulación de las cuotas de la medicina prepaga no resolverá el problema de fondo mientras exista un techo social de capacidad de pago. La brecha entre las obligaciones de cobertura y los recursos genuinos sigue siendo el nudo estructural que ambos países deberán desatar.