El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha lanzado una licitación para construir un centro de detención con capacidad para al menos 700 personas en el oeste de Miami, Florida, según informó Ámbito Financiero. La instalación, concebida como un reemplazo permanente del clausurado centro temporal conocido como “Alligator Alcatraz”, se enmarca en un plan más amplio que contempla sumar 1.800 camas en el área de Filadelfia y 1.500 plazas en las regiones de Seattle y Denver. El proyecto coincide con el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 300.000 haitianos, una medida que, de acuerdo con la misma fuente, podría incrementar las detenciones en el sur de Florida, donde reside una de las comunidades haitianas más numerosas del país.

De forma paralela, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado los arrestos de extranjeros con visas vencidas en al menos quince aeropuertos estadounidenses, según una investigación citada por Jovem Pan. La nueva estrategia, que amplía la cooperación con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), ya no se limita a personas con orden final de deportación, sino que alcanza a quienes aguardan una renovación de visa, un ajuste de estatus o una tarjeta de residencia. El caso de Fatima Ameaka, investigadora de la Universidad Johns Hopkins detenida en el aeropuerto de Baltimore cuando abordaba un vuelo doméstico, ilustra esta dinámica: The Independent reportó que la agencia le imputó haber permanecido en el país más allá de la vigencia de su visa, pese a que existen múltiples razones administrativas por las que un inmigrante puede encontrarse en esa situación.

La ofensiva ejecutiva choca con una serie de reveses judiciales. Dos tribunales de apelaciones —el Noveno Circuito, con sede en San Francisco, y el Séptimo Circuito— fallaron esta semana contra la política de “detención obligatoria” que el DHS extendió a los inmigrantes arrestados en el interior del país, según detallan Los Angeles Times y Fox News. Las sentencias establecen que esas personas tienen derecho a una audiencia de fianza para que un juez determine si deben permanecer recluidas mientras se resuelve su caso. El Noveno Circuito, en una opinión redactada por el juez Daniel A. Bress, nombrado por Trump, sostuvo que la interpretación histórica de la ley limita la detención sin fianza a la frontera. El DHS, por su parte, afirmó que “está seguro de su posición legal” y que el presidente Trump y el secretario Mullin “están haciendo cumplir la ley tal como fue escrita”. La división entre circuitos —seis han rechazado la política y dos la han avalado— hace probable que la Corte Suprema asuma el caso, extremo que los propios magistrados de apelación anticiparon en sus escritos.

En otro frente judicial, el Primer Circuito de Apelaciones revocó órdenes de jueces de distrito que bloqueaban la terminación del TPS para Etiopía y Sudán del Sur, apoyándose en el precedente del caso Mullin v. Doe, que impide a los tribunales revisar esas decisiones por motivos no constitucionales, reportó Fox News. El fallo fue calificado por el DHS como “una victoria para el estado de derecho y el sentido común”, al subrayar que el TPS es “exactamente eso: temporal”. Mientras los litigios avanzan, organizaciones defensoras de inmigrantes denuncian un incremento de los operativos y advierten que la nueva infraestructura de detención no busca reducir la capacidad de reclusión, sino consolidarla de forma permanente. El máximo tribunal estadounidense aparece como la instancia llamada a unificar criterios sobre la detención obligatoria, en un contexto en el que el gobierno mantiene una meta de aproximadamente dos mil arrestos migratorios diarios, según la información recabada por Jovem Pan.