El presidente argentino, Javier Milei, suscribió el Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026, que modifica la Ley de Migraciones para impedir el ingreso o expulsar a todo extranjero que promueva odio, discriminación o violencia contra los argentinos por su nacionalidad o participe en actos de ultraje a los símbolos patrios. La norma, publicada en el Boletín Oficial, representa una respuesta del Ejecutivo a lo que define como una ola de hostilidad y críticas hacia el país, intensificada durante y después de la final del Mundial de fútbol de 2026.

Desde la Casa Rosada se afirmó que “la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable” y que “quien ataque a la República Argentina no es bienvenido”. El decreto, que según fuentes próximas citadas por la prensa local fue impulsado por el asesor Santiago Caputo en diálogo directo con el presidente, introduce nuevas causales de expulsión y cancelación de residencia, incluyendo la difusión de mensajes de odio en forma oral o escrita, la incitación a la violencia y la profanación de emblemas nacionales. El texto excluye de manera explícita las expresiones de disenso ideológico y las críticas políticas, académicas o cívicas, que permanecen bajo el amparo constitucional.

La oposición y numerosos juristas expresaron fuertes reparos. Diputados como Florencia Carignano y Maximiliano Ferraro calificaron la medida de contradictoria, recordando los insultos proferidos por el propio Milei contra otros mandatarios. Constitucionalistas consultados por medios argentinos —entre ellos Andrés Gil Domínguez, Félix Lonigro y Rodrigo López Taiz— cuestionaron el recurso a un decreto de urgencia para una reforma que, a su juicio, no cumple con los requisitos de excepcionalidad exigidos por la Constitución, y advirtieron sobre la ambigüedad de conceptos como “mensaje de odio”, que otorgaría un amplio margen de discrecionalidad a las autoridades migratorias y podría derivar en restricciones a la libertad de expresión.

La iniciativa se produce en un contexto de tensión diplomática con Brasil, luego de que Milei se refiriera al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en términos despectivos y lo acusara, sin presentar evidencias, de financiar una “campaña antiargentina” con apoyo de México y del Partido Demócrata estadounidense. La crisis escaló hasta la llamada a consultas del embajador brasileño en Buenos Aires y la convocatoria del representante argentino en Brasilia. El decreto, que ya está en vigor, deberá ser remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que tendrá diez días hábiles para emitir dictamen antes del tratamiento en ambas cámaras. Entretanto, la Dirección Nacional de Migraciones comenzó a diseñar los protocolos de aplicación, mientras se anticipa una segura batalla judicial por su constitucionalidad.