Este domingo entró en vigor la fase más visible del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act): la obligación de etiquetar textos, imágenes, vídeos y sonidos generados o modificados por sistemas de IA, así como de informar claramente a los usuarios cuando interactúan con un chatbot o un asistente automatizado. La medida, prevista en el artículo 50 de la norma, busca que los ciudadanos distingan entre contenido real y artificial, según fuentes de la Comisión Europea citadas por el diario Ámbito Financiero. Las empresas que incumplan se exponen a multas de hasta 15 millones de euros o el 3% de su facturación anual global, el monto que resulte mayor.

El reglamento, aprobado en marzo de 2024 y en vigor desde agosto de ese año, se aplica por fases. Las primeras prohibiciones sobre prácticas de riesgo inaceptable —como la manipulación de personas o la puntuación social por organismos públicos— rigen desde febrero de 2025. En agosto de 2025 comenzaron a aplicarse las exigencias de gobernanza y las obligaciones para los proveedores de modelos de IA de propósito general. Ahora, con la entrada en vigor de las normas de transparencia, la Comisión Europea obtiene además nuevas facultades para supervisar los riesgos sistémicos de los modelos más potentes y para sancionar los incumplimientos.

El paquete incluye también un mecanismo confidencial de denuncias para trabajadores del sector y un canal para que los usuarios reporten posibles violaciones. No obstante, las sanciones efectivas dependerán de los procedimientos de investigación previstos en la legislación, según aclararon fuentes comunitarias. Varias de las mayores empresas tecnológicas —Google, Amazon, Microsoft, OpenAI y Anthropic— ya han suscrito voluntariamente el código de conducta asociado al AI Act. En cambio, Elon Musk solo ha adherido a la parte de seguridad, mientras que Meta aún no ha firmado, de acuerdo con reportes de TV4 y Aftonbladet.

La aplicación de las normas más estrictas para sistemas considerados de alto riesgo, como los utilizados en infraestructuras críticas, educación, empleo o migración, ha sido postergada hasta diciembre de 2027 para los autónomos y hasta agosto de 2028 para los integrados en productos regulados, según el paquete de simplificación Digital Omnibus aprobado por la UE. El plazo para que los Estados miembros habiliten sus espacios de prueba regulatorios se ha extendido hasta agosto de 2027. El siguiente hito regulatorio será, por tanto, la entrada en vigor del régimen completo para la inteligencia artificial de alto riesgo, actualmente prevista para finales de 2027.