El Ministerio de Asuntos Exteriores de Myanmar rechazó el sábado 8 de agosto el llamamiento de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para la liberación incondicional de la exlíder Aung San Suu Kyi y otros presos políticos. En un comunicado, la cancillería birmana afirmó que cualquier excarcelación “solo se llevará a cabo de conformidad con la ley” y consideró que la exigencia del bloque regional interfiere en el proceso judicial y en el principio de supremacía jurídica de un Estado soberano. La respuesta se produjo días después de que el presidente Min Aung Hlaing realizara una visita oficial a Tailandia y de que se difundiera una fotografía de Suu Kyi durante un encuentro con un representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, el primer contacto de este tipo desde su detención en 2021.

La postura de la junta, que asumió el poder tras el golpe de Estado de 2021, se apoya en la legitimidad que reclama a partir de las elecciones multipartidistas celebradas entre diciembre y enero pasados, en las que Min Aung Hlaing fue investido presidente. El gobierno sostiene que esos comicios reflejan la voluntad popular y que, por tanto, la figura del enviado especial de la ASEAN para Myanmar ha dejado de ser necesaria. En contraste, la presidencia filipina del bloque —que este año ejerce Manila— celebró la visita humanitaria de la Cruz Roja como un paso hacia el diálogo, pero reiteró su exigencia de una liberación “completa e incondicional” y mantuvo la esperanza de que su enviada, Maria Theresa Lazaro, pueda visitar el país y reunirse con Suu Kyi. Para los críticos, sin embargo, los comicios fueron una farsa diseñada para consolidar el control militar bajo una fachada civil.

El rechazo a la exigencia de la ASEAN se enmarca en un esfuerzo más amplio de la cúpula militar por normalizar sus relaciones exteriores. La visita de Min Aung Hlaing a Tailandia el 6 y 7 de agosto —calificada por el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, como un “reacercamiento calibrado”— incluyó alfombra roja y banda militar, y se saldó con acuerdos genéricos sobre estabilidad fronteriza, cooperación laboral y lucha contra redes de estafa y narcotráfico. No obstante, según la prensa tailandesa, los resultados para Bangkok son difusos porque las causas de los problemas —la guerra civil y la fragmentación del control territorial en Myanmar— no se abordan con planes operativos. La declaración conjunta no incluyó mención alguna al cese de la violencia contra civiles, pese a que el conflicto ha causado más de 100.000 muertos desde 2021, según estimaciones recogidas por medios regionales.

Myanmar también comunicó que no ve necesario mantener el puesto de enviado especial cuando Singapur asuma la presidencia de la ASEAN el 1 de enero de 2027, lo que supone un cuestionamiento directo al mecanismo diseñado para facilitar el diálogo entre las partes. El Consenso de Cinco Puntos, acordado en abril de 2021, sigue sin aplicarse en lo sustancial: el cese inmediato de las hostilidades. Mientras la junta busca legitimidad mediante gestos bilaterales y visitas de alto nivel, la presidencia filipina de la ASEAN insiste en la vía de la mediación, aunque el margen para una solución diplomática se estrecha ante la negativa de Naypyidaw a aceptar condiciones que considera una injerencia en sus asuntos internos.