Los ministros de Asuntos Exteriores de ocho países árabes e islámicos —Egipto, Catar, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía y Arabia Saudí— emitieron una declaración conjunta en la que condenan “en los términos más enérgicos” las continuas violaciones israelíes en la Franja de Gaza, en particular los ataques contra instalaciones sanitarias, infraestructura civil y la persistente muerte de civiles, incluidas mujeres y niños. Según el texto, estas acciones constituyen “una violación grave del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario”.

La declaración subraya que la continuación de esas operaciones militares representa un incumplimiento claro de las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional y del plan integral para poner fin al conflicto en Gaza, y socava los esfuerzos internacionales y regionales para implementar la segunda fase de dicho plan. Los ministros sitúan esta advertencia en el contexto del anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la aceptación por parte de las facciones palestinas de la hoja de ruta, incluidas las disposiciones relativas a la limitación de armas. A su juicio, la persistencia de las hostilidades amenaza con “hacer descarrilar el proceso político, reavivar la espiral de escalada y profundizar la catástrofe humanitaria” en el enclave. Asimismo, recalcan que la protección de los civiles, la preservación de los centros médicos y del personal humanitario, y la garantía de un acceso inmediato, seguro y sin obstáculos de la ayuda humanitaria a toda Gaza son obligaciones jurídicas que no pueden ser vulneradas bajo ninguna circunstancia.

Los firmantes vinculan explícitamente la situación en Gaza con los acontecimientos en Cisjordania ocupada. Denuncian que las agresiones de los colonos, la expansión ilegal de los asentamientos y las medidas unilaterales destinadas a alterar el statu quo en Jerusalén ocupada forman parte de “una política sistemática” que busca imponer un hecho consumado por la fuerza, socavar los cimientos de la solución de dos Estados y marginar los derechos legítimos del pueblo palestino, en flagrante violación del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas.

La declaración insta a la comunidad internacional, y en particular al Consejo de Seguridad de la ONU, a asumir sus responsabilidades jurídicas y morales adoptando medidas prácticas y efectivas para obligar a Israel a cumplir sus obligaciones, incluidas las derivadas del derecho internacional humanitario y de la resolución 2803 del propio Consejo, y para exigir cuentas a los responsables de violaciones graves. Los ministros reiteran su rechazo categórico a cualquier intento de anexión del territorio palestino ocupado, de imposición de la soberanía israelí sobre él o de desplazamiento forzoso de la población palestina, y afirman que la única vía hacia una paz justa y duradera es un proceso político serio que conduzca a la solución de dos Estados, con un Estado palestino independiente y soberano sobre las fronteras de 1967 y con Jerusalén Este como capital. La iniciativa diplomática no anuncia medidas concretas inmediatas, pero eleva la presión sobre el Consejo de Seguridad para que traduzca el consenso regional en acciones vinculantes.