La administración del presidente Donald Trump ha comenzado a ejecutar el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350.000 ciudadanos haitianos, una medida que el Tribunal Supremo avaló en junio y cuyo plazo expiró el 27 de julio. En Springfield, Ohio, decenas de beneficiarios han recibido cartas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que les exigen presentarse en sus oficinas en un plazo de 30 días con toda su documentación migratoria. Según relataron representantes legales y grupos de apoyo a la cadena ABC News y al diario The Independent, a varios de ellos se les ha colocado un monitor de tobillo y se les ha prohibido desplazarse más allá de un radio de 75 millas de su domicilio, mientras que a otros se les ha dado a elegir entre portar el grillete o aceptar la deportación con un cheque de 2.600 dólares y un vuelo gratuito.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la decisión al afirmar que “el Estatus de Protección Temporal es exactamente eso: temporal” y que “es la hora del cierre: no tienes que irte a casa, pero no puedes quedarte aquí”. La misma fuente acusó a administraciones anteriores de haber convertido el TPS en un “programa de amnistía de facto”. Frente a esta postura, Viles Dorsainvil, director ejecutivo del Centro de Apoyo y Ayuda a la Comunidad Haitiana de Springfield, calificó de “humillante” ver a padres y madres sin antecedentes penales portando brazaletes electrónicos y advirtió que la situación ha generado “mucho miedo” e incertidumbre sobre los pasos a seguir. Algunos titulares del TPS han perdido ya sus permisos de trabajo, mientras que quienes tienen solicitudes de asilo pendientes conservan una autorización laboral vigente, de acuerdo con los mismos defensores.

El temor a una deportación a un país asolado por la violencia de las pandillas, la inestabilidad política y las penurias económicas está empujando a muchos haitianos a explorar vías migratorias hacia Canadá. Thierry Jean-Baptiste, representante de la Oficina de la Comunidad Haitiana de Montreal, declaró al National Post que ha recibido un aumento de llamadas de extitulares del TPS en Estados Unidos que buscan información sobre visados, permisos de trabajo o asilo, y describió la situación como “una pesadilla” para ellos. Cassandra Fultz, consultora de inmigración regulada en Ottawa, cifró en un 20 por ciento el incremento de consultas en las últimas semanas. Mientras tanto, abogados estadounidenses como Ahmad Yakzan, con despacho en Florida, señalaron que muchos afectados están presentando solicitudes de asilo, pero advirtieron que las denegaciones se han disparado: “Están denegando el 99 por ciento de los casos”, afirmó, y añadió que quienes entraron al país sin inspección tienen muy pocas alternativas legales.

El TPS fue creado por el Congreso en 1990 para ofrecer protección temporal a nacionales de países afectados por guerras, desastres naturales o condiciones extraordinarias. Haití recibió la designación tras el terremoto de 2010, que causó más de 200.000 muertos, y el estatus fue renovado en repetidas ocasiones. La cancelación actual, respaldada por el fallo del Supremo, deja a los beneficiarios en un limbo jurídico y expuestos a procedimientos de expulsión. Las citaciones en Ohio continúan y, según los testimonios recogidos, los próximos pasos incluyen nuevas comparecencias ante el ICE y la resolución de los casos de asilo pendientes, en un contexto de endurecimiento general de la política migratoria.