El 4 de agosto de 2026, un dron ruso no tripulado persiguió deliberadamente a un vendedor de verduras de 52 años, identificado como Yuriy, en un mercado de la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, y detonó junto a él. El hombre, que intentó mostrar al operador que solo transportaba hortalizas, sobrevivió con heridas de metralla y una conmoción cerebral. La policía ucraniana difundió el video del ataque, que el presidente Volodímir Zelenski compartió en redes sociales, calificándolo de un nuevo episodio del 'safari de drones' que, según Kiev, las fuerzas rusas llevan a cabo contra civiles a diario.

Desde el gobierno ucraniano, Zelenski afirmó que los propios rusos admitieron el crimen y se jactaron de él, sin mostrar arrepentimiento. El ministro de Exteriores, Andrii Sybiha, calificó el hecho de 'crimen de guerra bárbaro' y lo enmarcó en una estrategia deliberada y sistemática para intimidar a la población civil. Por su parte, Moscú no se ha pronunciado oficialmente sobre este ataque concreto y ha negado de forma reiterada que sus fuerzas apunten intencionadamente contra civiles.

El incidente se inscribe en un patrón documentado desde el verano de 2024 en la región de Jersón y otras zonas del frente. Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicado en mayo de 2025, registró cerca de 150 muertos y cientos de heridos en ataques similares con drones, que calificó de crímenes de lesa humanidad cometidos con el propósito principal de sembrar el terror entre la población civil. El mismo informe señaló que los operadores rusos atacan ambulancias y vehículos de emergencia, obstaculizando la asistencia a las víctimas. La tecnología de estos drones, que permite verificar si el objetivo es un combatiente, es utilizada por los operadores para seleccionar a civiles, según el análisis de observadores internacionales.

Zelenski instó a una coordinación internacional más amplia, mencionando a Finlandia, Kazajistán, los países bálticos, Polonia, las naciones del Cáucaso Sur, Rumanía y Moldavia como actores que deben trabajar juntos para garantizar la seguridad y poner fin al conflicto. El dossier de la ONU ya tipifica estas prácticas como violaciones del derecho internacional humanitario, mientras Ucrania reclama una respuesta global. Hasta el momento, no se han anunciado medidas concretas por parte de terceros países, y la posición oficial rusa sigue siendo la negación de cualquier ataque deliberado contra no combatientes.