Un grupo de hackers aún no identificado se infiltró en la noche del 29 al 30 de julio en el sistema informático del Amt für Justiz (Oficina de Justicia) de Liechtenstein y sustrajo copias de los datos de aproximadamente 31.000 "Rechtsträger" (entidades jurídicas), según confirmó la propia Regierungschefin (jefa de Gobierno) Brigitte Haas en una conferencia de prensa el domingo 2 de agosto. El ataque se centró exclusivamente en el Verzeichnis wirtschaftlich berechtigter Personen (VwbP), un registro creado en 2021 para implementar la quinta directiva europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Las autoridades detectaron irregularidades el jueves 30 de julio y aislaron el sistema afectado; el viernes se informó a la cúpula gubernamental y el sábado se recibieron los primeros resultados periciales. Haas y el ministro de Justicia, Emanuel Schädler, instalaron de inmediato un Krisenstab (estado mayor de crisis) para gestionar el incidente. Hasta el momento no hay constancia de que los datos hayan sido alterados o borrados, ni se ha recibido ninguna demanda de rescate ni oferta de compra en la darknet, según declararon los mismos funcionarios. Tampoco se ha determinado la autoría del ataque ni los motivos exactos de los intrusos, aunque expertos citados por la prensa local señalan que el interés probable de los hackers se centraba en los datos de fundadores y beneficiarios extranjeros de sociedades, no en las empresas puramente domésticas.

El registro contiene información personal sensible: nombre, apellido, fecha de nacimiento, país de residencia y nacionalidad de las personas físicas que figuran como beneficiarios efectivos, además de los datos de la firma (nombre, forma jurídica y dirección) para entidades nacionales, y fecha de constitución e inscripción registral para las extranjeras. El acceso ordinario a este fichero está restringido a un número muy limitado de organismos estatales —como la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), la Autoridad de Supervisión Financiera (FMA) y la Fiscalía—, mientras que bancos e instituciones financieras deben solicitar autorización expresa. El Liechtensteinischer Bankenverband (Asociación Bancaria de Liechtenstein) aseguró a Reuters que no se han visto afectados bancos ni datos de clientes bancarios. El Principado, miembro del Espacio Económico Europeo (EEE), adoptó este registro para cumplir con los estándares internacionales de transparencia y combatir el lavado de activos, según explicó el propio Gobierno.

El golpe informático sacude el núcleo del modelo económico de Liechtenstein, un micro-Estado de unos 41.000 habitantes que figura entre los países con mayor PIB per cápita del mundo y cuya prosperidad descansa en buena medida en los servicios financieros y patrimoniales. La confidencialidad y la seguridad jurídica han sido tradicionalmente los pilares de su atractivo como plaza de inversión, especialmente para fundaciones, trusts y sociedades fiduciarias controladas desde el extranjero. El robo de estos datos expone a los titulares reales de esas estructuras —muchos de ellos alemanes, suizos, austriacos y de otras nacionalidades— a posibles campañas de extorsión o ataques selectivos, según advirtieron analistas citados por la prensa germana. Rainer Kirchdörfer, directivo de la Stiftung Familienunternehmen und Politik (Fundación de Empresas Familiares y Política), alertó en declaraciones a la FAZ de que el incidente ilustra el peligro que supone la recolección masiva de datos personales en registros públicos, y criticó el plan de la UE de incluir a partir de 2027 las direcciones privadas y los datos de pasaporte de los empresarios en los registros de transparencia.

El Gobierno de Vaduz ha puesto en marcha una investigación penal y forense, con apoyo de la Oficina de Informática y de socios externos, para esclarecer el modus operandi de los atacantes y determinar el alcance real de la filtración. Mientras tanto, el sistema afectado permanece desconectado de la red y se han tomado medidas cautelares para proteger el resto de la infraestructura informática estatal. Las autoridades se han comprometido a informar a los titulares de los datos afectados y a mantener actualizada a la ciudadanía a través de los canales oficiales. No se ha fijado aún un plazo para la restauración completa del servicio ni para la difusión de los resultados de la pesquisa judicial.