La Fiscalía Departamental de Santa Cruz emitió el miércoles 29 de julio una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales por su presunta responsabilidad en los bloqueos de carreteras que durante más de siete semanas, entre mayo y junio, paralizaron amplias zonas de Bolivia. La medida fue dictada por el fiscal anticorrupción Brayan Melgar y anunciada por el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien la enmarcó en una investigación sobre decenas de cortes de rutas durante las manifestaciones contra el presidente Rodrigo Paz. La denuncia fue presentada a comienzos de julio por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y respaldada después por el Ministerio de Gobierno.

Morales, que gobernó entre 2006 y 2019, es investigado por alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. La acción legal también alcanza al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Marco Argollo, y al dirigente campesino Vicente Salazar, quien se encuentra en detención preventiva desde el 6 de julio por otra causa vinculada a los mismos hechos. El exmandatario niega haber promovido la renuncia de Paz y sostiene que las movilizaciones buscaban que el Gobierno respondiera a demandas de los sectores movilizados; el 24 de mayo escribió en la red social X que el presidente tenía solo dos caminos: militarizar el país o convocar a elecciones en 90 días.

Los cortes, impulsados por campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana con el respaldo de grupos afines a Morales, provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades. Las autoridades reportaron al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna, mientras que un informe de la Defensoría del Pueblo contabilizó 22 muertos y 88 heridos. El Gobierno de Paz estimó las pérdidas económicas en más de 3.000 millones de dólares. Tras alcanzar acuerdos con algunos sectores, Paz, quien asumió el 8 de noviembre en medio de una crisis económica y tras dos décadas de gobiernos encabezados por el Movimiento al Socialismo, decretó el 20 de junio el estado de excepción y dispuso el despliegue policial y militar para levantar los bloqueos.

La orden se suma a otra vigente contra Morales por presunta trata de personas, en la que se le acusa de mantener una relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija en 2016. En mayo, un tribunal de Tarija lo declaró en rebeldía y ordenó su captura al no presentarse al inicio del juicio. Desde octubre de 2024, el exmandatario permanece en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, custodiado por seguidores que hasta ahora han impedido que se ejecuten las medidas de detención. La Policía boliviana asegura que espera el momento adecuado para cumplir la orden anterior.