En la segunda jornada del juicio contra Lindsay Clancy, de 35 años, los miembros del jurado escucharon la angustiosa llamada al 911 realizada por su entonces esposo, Patrick Clancy, tras descubrir que sus tres hijos habían sido estrangulados en el sótano de su vivienda en Duxbury, Massachusetts. Durante la reproducción del audio, de aproximadamente seis minutos, la acusada rompió a llorar de forma audible, según reportaron medios presentes en la sala. En la grabación, Patrick Clancy grita repetidamente: “¡Mató a los niños!”.

La fiscalía del condado de Plymouth presentó como evidencia las prendas ensangrentadas de los menores —Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses— y las bandas elásticas de ejercicio que presuntamente se utilizaron para asfixiarlos. Durante su testimonio, Patrick Clancy describió el momento en que encontró a su hija mayor boca abajo con una banda alrededor del cuello y al bebé a su lado en condiciones similares. Los fiscales buscan demostrar que la mujer tomó una “decisión calculada”, señalando que envió a su marido a hacer recados antes de cometer los hechos y que durante una breve llamada desde una farmacia CVS ella se mostró tranquila.

La defensa, en contraste, no niega la autoría material de los homicidios, pero sostiene que Clancy padecía una psicosis posparto severa y un trastorno bipolar que le provocaban alucinaciones auditivas —voces que le ordenaban matar a sus hijos y suicidarse—. El exmarido relató ante el tribunal que una semana después del suceso la acusada le confesó que había “oído la voz de un hombre” dándole esas instrucciones. Los abogados argumentan además que la mujer estaba sobremedicada y que su estado mental se había deteriorado en los meses previos, con pensamientos intrusivos de daño a los niños e ideas suicidas.

Clancy se declaró no culpable de tres cargos de asesinato en primer grado. De ser hallada responsable, enfrenta cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional; en cambio, si el jurado la considera no responsable por razones de enfermedad mental, sería internada en un centro psiquiátrico estatal. La acusada, que tras los hechos intentó quitarse la vida cortándose las muñecas y el cuello y saltando por una ventana del segundo piso, permanece en silla de ruedas debido a la parálisis que le provocó la caída. Se espera que el juicio se prolongue durante varias semanas y que la fiscalía llame a declarar a más testigos.