El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia anunció el miércoles que ha acusado formalmente a Pável Dúrov, fundador y director ejecutivo de la aplicación de mensajería Telegram, de facilitar actividades terroristas y ha iniciado el proceso para incluirlo en la lista internacional de personas buscadas. Según el comunicado del organismo, la administración de Telegram no eliminó “numerosos canales, chats y bots” que, en su versión, son utilizados activamente por los servicios de inteligencia ucranianos, organizaciones terroristas y grupos extremistas para coordinar actos de sabotaje, asesinatos en masa y fraudes cibernéticos en territorio ruso. El FSB afirma que estas actividades han provocado “numerosas víctimas humanas”, incluidos mujeres y menores, así como daños materiales por valor de miles de millones de dólares.

Dúrov, de 41 años y ciudadano también de Francia y Emiratos Árabes Unidos, reside en Dubái. En respuesta a las acusaciones, la cuenta oficial de Telegram en la red social X publicó una fotografía del empresario mostrando el dedo medio. El fundador del servicio de mensajería ya había denunciado en febrero que las autoridades rusas habían abierto una investigación penal en su contra, acusándolas de “inventar nuevos pretextos” para restringir el acceso a Telegram y de intentar “suprimir el derecho a la privacidad y la libertad de expresión”.

El caso se centra en el chatbot de citas “Daivinchik/Leo”, popular entre los jóvenes rusos. De acuerdo con la FSB, agentes ucranianos se hacían pasar por mujeres jóvenes para entablar contacto con ciudadanos rusos, obtener información y luego presionarlos para que cometieran ataques contra agentes de la ley o incendios de infraestructuras. El organismo asegura que desde julio de 2025 han sido detenidos 46 ciudadanos rusos de entre 12 y 22 años vinculados a este esquema. Dúrov se enfrenta a una posible condena de hasta cadena perpetua si es declarado culpable en virtud del artículo 205.1 del Código Penal ruso, que castiga la asistencia a actividades terroristas.

Las acusaciones se inscriben en el esfuerzo del Kremlin por reforzar el control sobre internet, intensificado desde la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Rusia ha restringido el acceso a Telegram, así como a otras plataformas como WhatsApp, y promueve el uso de su propio servicio de mensajería estatal, MAX. Una fuente con conocimiento de la situación citada por Reuters señaló que, si Moscú solicita una notificación roja de Interpol, el proceso probablemente no será rápido. Se espera que el tribunal Lefórtovo de Moscú dicte próximamente una orden de arresto en ausencia contra Dúrov, lo que permitiría a las autoridades rusas solicitar su extradición a través de Interpol.