El cantón suizo de Argovia indemnizará con 175.000 francos a un hombre que en 2008, cuando tenía 17 años, violó y asesinó a una prostituta en Aarau, tras permanecer encarcelado de forma ilegal durante casi siete años adicionales, según comunicó el propio cantón. El acuerdo extrajudicial cierra una reclamación inicial de 2,4 millones de francos.

En 2011, el tribunal de menores lo condenó a cuatro años de prisión y, al considerarlo peligroso, ordenó su internamiento en un centro cerrado. Sin embargo, la legislación penal juvenil suiza establecía que esa medida debía cesar al cumplir los 22 años, sin prever una custodia de seguridad equivalente a la existente para adultos.

Para mantenerlo recluido, Argovia recurrió a un mecanismo civil: la autoridad tutelar decretó un internamiento forzoso por razones asistenciales, y el hombre permaneció en una prisión común. Esta vía fue declarada contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos por el Tribunal de Estrasburgo en 2019, que consideró que la finalidad real era la protección pública, no el cuidado de la persona.

La sentencia reveló una laguna legal que la política suiza debatió incluso años después, sobre todo tras un caso similar en el mismo cantón en el que otro menor asesino escapó de una clínica psiquiátrica donde había sido internado por la vía civil. Los debates alcanzaron el Parlamento federal.

El hombre fue liberado definitivamente en 2019, y ahora se concreta la compensación económica. El acuerdo, alcanzado tras la demanda, evita un largo litigio pero reabre interrogantes sobre la armonización de la justicia juvenil y las medidas de seguridad en el ordenamiento suizo.