El Gobierno italiano, encabezado por la primera ministra Giorgia Meloni, anunció el jueves que evalúa suspender el espacio Schengen con España como respuesta a la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma de Ceuta. Meloni calificó de “impresionantes” las imágenes de los cruces y afirmó que la inmigración irregular “representa una amenaza real para la seguridad de las fronteras europeas”. Tras reunirse con el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, la mandataria aseguró que Italia está “preparada para intervenir con instrumentos extraordinarios” para defender sus fronteras, incluida la suspensión del tratado de libre circulación con Madrid.

La crisis en el enclave norteafricano, donde cientos de personas —en su mayoría jóvenes marroquíes— llegaron a nado o saltando las vallas fronterizas, desbordó los servicios de acogida y llevó al Gobierno español a movilizar al ejército. Según fuentes periodísticas, las estimaciones de personas que lograron atravesar oscilan entre 1.500 y más de 20.000, con al menos nueve fallecidos recuperados del mar. El alcalde de Ceuta solicitó el estado de emergencia, mientras la Guardia Civil reconocía estar “sobrepasada”.

La respuesta italiana fue respaldada por el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, quien vinculó la crisis con la regularización de más de 500.000 inmigrantes en España —equiparada erróneamente a la concesión de la ciudadanía— y sostuvo que “la inmigración irregular e incontrolada representa un peligro para la seguridad nacional”. El viceprimer ministro Matteo Salvini también se manifestó a favor de suspender Schengen y recordó sus propios procesos judiciales por defender las fronteras. Desde Madrid, el canciller José Luis Albares replicó con dureza: “Este mensaje es impropio de un país socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista”, y convocó al embajador italiano para el viernes.

La suspensión del espacio Schengen, prevista como mecanismo excepcional en la normativa comunitaria, permitiría reestablecer controles fronterizos entre Italia y España. No es la primera vez que Roma recurre a esta medida: ya la aplicó en años anteriores en sus fronteras orientales. Hasta el momento, otros grandes socios europeos como Francia o Alemania no han emitido declaraciones oficiales, y la Comisión Europea se limitó a ofrecer apoyo financiero y operativo a través de Frontex, sin pronunciarse sobre una posición común. El caso refleja una fractura entre los países del sur de Europa sobre la gestión migratoria y pone a prueba los mecanismos de solidaridad del bloque.