La administración del presidente Donald Trump ha reforzado en las últimas semanas las medidas de presión contra Cuba, con un bloqueo petrolero impuesto en enero y nuevas sanciones a entidades y altos funcionarios de las Fuerzas Armadas. Según declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, recogidas por Axios, el objetivo es demostrar que “no hay válvulas de escape” y que el gobierno de La Habana “no puede limitarse a esperar” el fin del mandato de Trump, porque no encontrará un nuevo “patrocinador” tras perder a Venezuela. Rubio, de origen cubano, afirmó que la isla carece por primera vez de un sostén externo y de la falta de atención de Washington, y confió en que al término de la actual administración, en 2029, Cuba esté “en una trayectoria irreversible hacia un futuro diferente”.

Las consecuencias humanitarias de esta ofensiva son descritas por expertos de Naciones Unidas como una “crisis en toda regla” que amenaza los derechos a la salud, la vida y la alimentación. En un comunicado citado por La Jornada, los relatores especiales instaron a la comunidad internacional a actuar para evitar que la isla se convierta en una “Gaza silenciosa” y exigieron a Estados Unidos poner fin a los actos hostiles y revocar las medidas contrarias al derecho internacional. La falta de electricidad, que según testimonios recogidos por The Independent puede prolongarse durante días, ha colapsado el bombeo de agua, el transporte público y la conservación de alimentos, obligando a la población a cocinar con leña o a depender de generadores y paneles solares enviados por familiares en el exterior.

Desde la óptica de Washington, las sanciones buscan bloquear los recursos de lo que Rubio califica como un “Estado canalla” que, según sus palabras reproducidas por CBN y La Jornada, patrocina el terrorismo, espía a Estados Unidos y sirve de base a potencias rivales. Las últimas penalizaciones, anunciadas el jueves, apuntan contra cinco empresas cubanas y ocho funcionarios, entre ellos el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Roberto Legra Sotolongo, y los agregados militares en Rusia y China. Paralelamente, medios como The New York Times y Politico han informado de un incremento de los recursos operativos de la CIA en la isla, con el envío de nuevos analistas y agentes para infiltrarse en la sociedad cubana y reclutar informantes, en un contexto en que Cuba ha sido declarada objetivo de “prioridad uno” para los servicios de inteligencia estadounidenses.

La presión externa se suma a una crisis interna de larga data. Los apagones, que hace cinco años solían ser programados y predecibles, se han vuelto erráticos y masivos: el fin de semana pasado se produjo el sexto colapso total de la red eléctrica en lo que va de año. En varios municipios de La Habana, residentes han protagonizado protestas vecinales golpeando cacerolas y quemando basura tras cortes de más de 48 horas, en un escenario de inflación galopante y moneda devaluada. Mientras la administración Trump mantiene un diálogo con representantes del gobierno cubano —entre ellos un nieto del expresidente Raúl Castro—, el canciller Bruno Rodríguez denunció los peligros de una “doctrina militar de dominación” que promueve la imposición de la paz por la fuerza. El estado del dossier apunta a una escalada sostenida, sin que se vislumbre por ahora un cambio de rumbo en las sanciones ni en la estrategia de asfixia económica.